La llegada de caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera sur de Estados unidos desató una reacción de la administración Trump y para su contención una cascada de medidas federales y locales.
No solo la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas de Guardia Nacional y más agentes de la Patrulla Fronteriza sino que además se desataron medidas locales y el accionar de grupos antiinmigrantes sumados a la vigilancia.
A lo largo de la frontera suroeste, se desplegaron cinco mil 600 soldados, de los cuales mil 500 se encuentran en California, según el secretario de Defensa James N. Mattis. Sin embargo, ya han empezado a replegarse.
Las tropas permanecerán en la frontera hasta el 31 de enero, a menos que el Departamento de Seguridad Nacional solicite una nueva extensión.
Esta no primera vez que militares vigilan frontera, en 2010 el presidente Barack Obama envió mil 200 elementos y antes el presidente George W. Bush a unos seis mil entre 2006 y 2008.
Las tropas que se han desplegado a lo largo de la frontera en California, Arizona y Texas, han estado realizando tareas de apoyo para la Patrulla Fronteriza, incluida la instalación y reparación de barreras de alambre de púas.
Se espera que la cantidad de tropas disminuya de cinco mil 400 a alrededor de cuatro mil.
Un funcionario del Departamento de Defensa le dijo a ABC News que los militares pueden comenzar a rotar diferentes unidades dentro y fuera del despliegue de la frontera.
La administración Trump dijo que su decisión de usar gas lacrimógeno a la caravana se tomó solo después de "múltiples instancias" de migrantes que tiraron piedras al personal de la frontera e intentaron romper la cerca.
La política actual de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza afirma que cualquier uso de “fuerza menos letal debe ser objetivamente razonable y necesario” para llevar a cabo los deberes de cumplimiento de la ley de un oficial.
Sin embargo, de acuerdo con la política de CBP, los agentes no pueden usar gases lacrimógenos contra mujeres embarazadas o niños.
John Cohen, ex subsecretario en funciones del DHS y colaborador de ABC News, dijo que el gobierno de Obama usó gas lacrimógeno en la frontera, pero solo se permitió como medida defensiva.
Cohen también señaló la parte del manual de CBP que dice que los funcionarios deben considerar otras opciones de fuerza cuando se trata de personas particularmente vulnerables.
La American Civil Liberties Union fue más allá y calificó el uso de gas lacrimógeno como un uso "inhumano" de la fuerza que sentencio forma parte de la "cruzada racista y obsesiva impulsada por Trump"