BOGOTÁ. La indefensión de las víctimas de las recientes masacres en Colombia, que dejaron 37 muertos, entre ellos varios menores, alerta sobre el creciente poder de los grupos criminales y la incapacidad del gobierno para proteger a la población en las zonas más apartadas dominadas por el narcotráfico.
“Que se haga justicia, que eso no quede impune”, reclamó ayer en Popayán, capital del departamento del Cauca, Lucila Huila, de 53 años, durante el sepelio de sus hijos Heiner y Esneider Collazos Huila, dos de los seis asesinados el pasado viernes en las afueras de la localidad de El Tambo, en el convulso departamento del Cauca.
La sensación de indefensión es la misma de las demás familias de los asesinados en siete masacres perpetradas en las dos últimas semanas y que, según el gobierno y analistas, todo apunta a que fueron cometidas por bandas de narcotraficantes para sembrar el terror en zonas alejadas en las que tienen su negocio criminal.
“Las zonas donde ocurren las masacres, no solamente en Nariño sino también en el Cauca y Arauca, son zonas neurálgicas para actividades criminales relacionadas tanto con el narcotráfico como con la minería (ilegal)”, dijo la profesora e investigadora Irene Cabrera, de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
Cabrera, experta en seguridad y conflicto armado, señaló que algunos lugares de las recientes matanzas, como la localidad de Samaniego, en el departamento de Nariño, donde el 15 de agosto fueron asesinados ocho jóvenes que hacían un asado en una casa de campo, están en zonas codiciadas por narcotraficantes, lo que expone a sus habitantes a la violencia indiscriminada.
“Zonas como Samaniego son un punto neurálgico porque constituyen tanto un corredor en términos de la conexión del Piedemonte y el Pacífico, pero también es un punto muy importante catalogado por Naciones Unidas como un enclave de consolidación de producción de coca”, afirmó.
Esa ubicación estratégica hace que en amplias zonas de Nariño y el Cauca, ambas en el suroeste y con costas sobre el océano Pacífico; Arauca y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela, o la región antioqueña de Urabá, limítrofe con Panamá y con salida al mar Caribe, proliferen bandas de narcotraficantes en disputa con disidentes de las FARC e incluso con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Hay una miltiplicación de grupos armados. Organizaciones como los frentes Estiven González y Oliver Sinisterra, o las Guerrillas Unidas del Pacífico, formadas por disidentes de las FARC, han ocupado espacios en esa región del país en abierta disputa con la banda criminal del Clan del Golfo e incluso con el ELN.
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