El gobierno francés realiza concesión tras concesión para tratar de circunscribir la crisis social que conmueve desde hace tres semanas al país, pero nada parece calmar la cólera de los “chalecos amarillos”, que volverán a manifestar el sábado en París para buscar la capitulación del presidente Emmanuel Macron.

El gobierno multiplica los gestos de conciliación por temor a que la concentración del sábado sea desbordada por los diversos grupos ultras —tanto de izquierda como de derecha— que preparan una jornada de gran violencia y que, según las autoridades policiales, están dispuestos a provocar “destrozos y a matar”.

La dramatización de la situación por parte de las autoridades y el empleo del “arma del miedo” resultaron en parte confirmadas por las declaraciones insurreccionales de Eric Drouet. Ese portavoz informal de los “chalecos amarillos”, apeló a lanzarse el próximo sábado al asalto del Palacio del Elíseo (sede del ejecutivo).

Después de tres semanas de acción, el movimiento de los “chalecos amarillos” conserva su popularidad, pero suscita crecientes temores, según una encuesta divulgada ayer por el instituto Odoxa: ocho de cada 10 franceses considera que el movimiento es "solidario", "valiente" y que "lucha por el interés general" y 54% estima que es “eficaz”. Pero, después de los incidentes del sábado pasado, 59% de la opinión pública reconoce su “inquietud” —cifra que expresa un aumento de 15 puntos con respecto a la semana pasada— y 47% lo considera "violento" (+10% en una semana).

El aspecto más espectacular de ese sondeo es que 84% de los franceses tiene una opinión desfavorable de Macron.

Para enfrentar esa presión social que dura desde hace tres semanas, el poder se esforzó en tratar de salir del aislamiento. Después de haber anunciado la supresión del aumento del aumento del impuesto a los combustibles que desencadenó la cólera de los “chalecos amarillos”, el presidente Emmanuel Macron apeló el miércoles a las “fuerzas políticas y sindicales, y a los empresarios” a que contribuyan a apaciguar la situación”.

Poco después, el primer ministro Edouard Philippe reclamó la ayuda de todos los “actores del debate público: responsables políticos, sindicales, editorialistas y ciudadanos. “Lo que está en juego es la seguridad del país y de nuestras instituciones”, clamó en tono gaulliano.

Como parte de la estrategia de apaciguamiento, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, invitó el jueves a las empresas “a realizar un esfuerzo” y “contribuir a mejorar concretamente la vida de los franceses”, a comenzar mediante “una mejor remuneración del trabajo”.

La primera medida concreta, que podría ser adoptada rápidamente, es una bonificación excepcional y desficalizada, que podría llegar a un máximo de 1.000 euros. Esa prima “voluntaria” sería pagada por los empresarios a sus empleados como “reconocimiento por su trabajo”.

Édouard Philippe, por su lado, dejó abierta la posibilidad de iniciar una “concertación” con sindicatos, empresarios y dirigentes políticos para mejorar el poder adquisitivo y buscar una solución a los costos que sufren los asalariados para financiar el transporte domicilio-trabajo.

En forma paralela, Bruno Le Maire anunció que a partir de 2019 Francia eliminará las ventajas fiscales que favorecen a los gigantes de internet y, en particular, al grupo conocido como GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple). Incluso si otros países europeos no asumen sus responsabilidades, “Francia actuará sola”, prometió Le Maire.

Actualmente, gracias a sus estrategias de optimización fiscal, los GAFA pagan, en promedio, 14 puntos menos de impuestos que las empresas francesas. Antes de Francia, otros países —como Italia, España o Gran Bretaña— habían expresado su intención de aplicar gravámenes nacionales a esas empresas. Irlanda, Dinamarca y Alemania, en cambio, son reticentes a esa idea por temor a represalias de Estados Unidos.