Ecuador dio un plazo de 12 horas a guerrilleros disidentes colombianos para que digan si aún están con vida los tres miembros del equipo de prensa que secuestraron en la frontera, ante evidencia sobre su presunto asesinato.
Si terminado ese tiempo no dan "pruebas de que están con vida (...) iremos con toda la contundencia y sin contemplaciones" a "sancionar" a los captores, advirtió el presidente Lenín Moreno.
El ultimátum vencerá hacia las 11H00 locales (16H00 GMT) del viernes, aunque son pocas las esperanzas de que los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio, secuestrados el 26 de marzo, estén vivos.
Su posible ejecución en cautiverio tomó fuerza tras el análisis de la policía de las fotografías de unos cadáveres que corresponderían a los rehenes, y que fueron enviadas al canal colombiano RCN.
A raíz de ello, Moreno regresó de emergencia de Lima adonde había viajado para la Cumbre de las Américas.
Aunque el examen de los peritos determinó la muy probable autenticidad de las imágenes, Moreno y su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos, acordaron esperar a un pronunciamiento de los secuestradores para lanzar una acción "contundente".
Le solicité a Santos "que haya acciones contundentes por parte de ellos. Ya basta de contemplaciones, le dije, acciones contundentes, no podemos dejar que ellos nos impongan sus reglas", afirmó el mandatario ecuatoriano.
Moreno regresó a Quito en compañía de los familiares del periodista Javier Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60).
Los familiares de los secuestrados buscaban reunirse con Santos al margen de la Cumbre.
El equipo periodístico cayó en poder de rebeldes disidentes de las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) cuando realizaba un reportaje en la localidad costera de Mataje, limítrofe con Colombia.
En un mensaje por Twitter, Santos ofreció a Moreno el apoyo de las Fuerzas Armadas colombianas.
Días de incertidumbre
El probable asesinato de los reporteros y el chofer supondría un golpe durísimo para Ecuador, un país que no había lidiado nunca con un secuestro de estas características y se preciaba de ser un remanso de paz en medio de los problemas derivados del narcotráfico que enfrenta Colombia.
Entretanto, decenas de periodistas y familiares hicieron una vigilia frente a la casa presidencial, en el centro de Quito, donde todas las noches se instalan para exigir al gobierno el regreso de los retenidos sanos y salvos.
Antes del plazo fijado por Moreno, el ministro del Interior, César Navas, aseguró que los análisis no eran "concluyentes" sobre la ejecución de los secuestrados.
Su rueda de prensa terminó entre gritos y pedidos de renuncia de colegas de los periodistas, muy afectados por esta inédita situación.
La última vez que se les vio con vida a los secuestrados fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril. En ella aparecían los tres abrazados, con cadenas y candados al cuello, e instaban al gobierno de Ecuador a llegar a un acuerdo con los captores.
Desde un comienzo las autoridades colombianas acusaron del secuestro al Frente Oliver Sinisterra.
Con entre 70 y 80 hombres, esa organización está dirigida por el ecuatoriano Walter Artízala, conocido como Guacho, uno de los hombres más buscados tanto en Colombia como en Ecuador.
Guacho se mueve entre ambos países por un área selvática que sirve de ruta para el tráfico de drogas.
Violencia desconocida
Al inicio de semana circuló un supuesto comunicado de esa organización -cuya autenticidad fue puesta en duda por ambos países- en el que se anunciaba la muerte de los rehenes.
Según esa declaración, que difundió la prensa colombiana, los dos reporteros y el chofer murieron durante una fallida operación de rescate coordinada por los dos gobiernos.
Sin embargo, Ecuador negó que estuviera realizando operaciones militares.
Colombia aseguró a su vez que "no ha habido desembarcos" o "acciones especiales que no sean de conocimiento" y en coordinación con Ecuador, aunque evitó hablar directamente de una operación de rescate.
El secuestro del equipo de El Comercio es el episodio más dramático de la oleada de violencia -hasta ahora desconocida- en Ecuador, que estalló en enero en la convulsa frontera.
Todo apunta a que la serie de ataques, la mayoría con bomba y que por ahora han dejado cuatro muertos y 42 heridos, es consecuencia directa del acuerdo de paz firmado a finales de 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC.
Con el desarme de la otrora guerrilla más poderosa de América Latina, convertida ahora en partido político, arreciaron disputas territoriales entre desertores del pacto de paz, bandas procedentes de antiguos paramilitares desmovilizados y otras guerrillas.
Desde hace décadas, esta porosa y selvática frontera de 720 kilómetros, con numerosas trochas ilegales, es utilizada por las bandas que viven del tráfico de droga, de armas y de combustible, así como de la minería y de la tala ilegal.
