Un presupuesto 2018 pendiente de aprobación, una reforma constitucional atrasada sine die... Más allá de la crisis territorial el conflicto catalán contribuye a paralizar la política española, aquejada de un tiempo acá de una profunda fragmentación.
El desafío independentista, la mayor crisis política en España en 40 años, se ha añadido a las divisiones en el Parlamento, donde cada ley es objeto de arduos debates entre los partidos.
Tanto es así que en la actual legislatura, abierta en noviembre de 2016, solo se aprobaron nueve leyes ordinarias. En 2015, en cambio, se aprobaron 48 y el año anterior, 36.
“Va a ser una legislatura excepcionalmente de poca producción”, vaticina José Fernández Albertos, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Lo primero que está bloqueado en este momento es el presupuesto de 2018.
Para sacarlo adelante, el Partido Popular del presidente del gobierno Mariano Rajoy y sus aliados necesitan el apoyo indispensable de los cinco diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
Sin embargo, el PNV ha advertido que no concederá su apoyo mientras Madrid mantenga intervenida la autonomía catalana, lo que previsiblemente no será el caso hasta después de las elecciones regionales en Cataluña, el 21 de diciembre.
ROMPECABEZAS TERRITORIAL
El telón de fondo de la crisis catalana es una ansiada reforma del modelo territorial.
España está articulada en 17 comunidades autónomas dotadas de generosas competencias, pero varias de ellas, y no sólo Cataluña, dicen sufrir agravios y piden una financiación más acorde con sus necesidades.
La reforma territorial pasa o bien por una mejora de la financiación regional, como propugna una comisión de expertos, o en el caso más ambicioso, por una modificación de la Constitución de 1978.
Los socialistas, liderados por Pedro Sánchez, le arrancaron al PP la promesa de una reforma constitucional a cambio de apoyar la intervención de la autonomía catalana.
Pero Rajoy, una vez más, dejó claras sus reticencias la semana pasada: “lo que no se puede es hablar de reformar la Constitución sin que antes sepamos exactamente cuál es la reforma que hay que hacer”.
“El problema es que tenemos un gobierno vacío de iniciativa política” e “instalado en la desidia”, lanzó Pedro Sánchez en un acto de su partido, el PSOE.
En opinión de José Fernández Albertos, “no hay mucho espacio para un acuerdo de contenidos en torno a la reforma constitucional”.
Por ello, considera más realista promover medidas de menos calibre pero no menos eficaces. Por ejemplo, una de las medidas tramitadas ahora en el Parlamento, una iniciativa legislativa impulsada por los sindicatos con más de 700 mil firmas, para establecer una renta mínima.
DÉBIL EN EL PARLAMENTO
El problema, sin embargo, es que más allá de la cuestión catalana el Parlamento español está fracturado en cuatro grandes partidos -PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos (izquierda radical)-, además de las formaciones regionales.
El ejecutivo conservador de Mariano Rajoy, comprometido con Bruselas a reducir el déficit por debajo del 3% en 2018, ha vetado además decenas de iniciativas de la oposición, argumentando que implican un mayor gasto público.
Y por añadidura, se trata del gobierno más minoritario de la democracia española, con apenas 137 de los 350 diputados de la cámara baja, un escenario muy distinto de la mayoría absoluta que tuvo el PP entre 2011 y 2015.
Un gobierno formado además en condiciones pírricas, tras un 2016 en el que durante diez meses no pudo formarse ejecutivo ni aprobarse leyes por el bloqueo persistente entre los cuatro principales partidos.
Con el toque de la crisis catalana, todo este cóctel ha convertido las sesiones semanales de control al gobierno en una pelea de gallos.
“España lo que necesita ahora es más cohesión social y más cohesión territorial; España necesita un proyecto de futuro, y ustedes no lo ofrecen”, les espetó recientemente la diputada socialista Meritxell Batet al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al líder de Ciudadanos Albert Rivera, aliado de Rajoy.
Antonio Torres del Moral, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad a Distancia, agrega que la escasa actividad parlamentaria tiene también algo que ver con el habitual temple de Rajoy.
“Es de los políticos que entienden que el tiempo arregla muchas cosas, así que prefiere no arriesgar en iniciativas legislativas (...) y va intentando consensuarlas y posponerlas para cuando sea posible”, comentó.
Por ello, advierte de que ésta “puede que sea una legislatura corta, porque no puede prolongarse mucho esta situación de tono bajo donde no se hace apenas nada”.
