BUENOS AIRES. La Cámara de Diputados aprobó y pasó al Senado un proyecto de ley impulsado por el gobierno peronista de Alberto Fernández para que las grandes fortunas realicen un aporte extraordinario por el que espera recaudar 3 mil millones de dólares.
La iniciativa fue aprobada por 133 votos afirmativos, 115 negativos y dos abstenciones en un largo debate que inició el martes por la tarde y concluyó la madrugada.
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El “impuesto a la riqueza”, en rigor un aporte extraordinario por única vez, fue rechazado por la oposición del frente de derecha Juntos por el Cambio al considerarlo “confiscatorio”, mientras que las dos abstenciones provinieron de la izquierda que presentó un proyecto propio.
El aporte alcanzará a entre 9 mil y 12 mil de las personas más ricas de Argentina, un país con 40.9% de sus 44 millones de habitantes en la pobreza y cuya economía está en recesión desde 2018.
La contribución por única vez gravará a aquellas personas cuyo patrimonio declarado supere los 200 millones de pesos (2.35 millones de dólares) con una tasa progresiva de hasta 3.5% para los bienes en Argentina y de hasta 5.25% sobre los bienes fuera del país.
El debate fue acompañado desde la calle con caravanas de manifestantes que apoyaron la iniciativa oficialista.
El sector liberal, crítico del proyecto, objeta que el aporte socavará inversiones privadas, aunque grava a las personas físicas y no a empresas.
“Nosotros no tenemos ningún problema con el sector privado, necesitamos del sector privado junto al público invirtiendo juntos. Lo que desalienta la inversión son los malos gobiernos”, dijo en el debate el diputado Máximo Kirchner, uno de los impulsores del proyecto e hijo de la vicepresidenta y exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015).
La recaudación será destinada en un 20% a insumos médicos para atender la emergencia sanitaria por la pandemia, otro 20% será para pymes, 15% para programas para desarrollos sociales, 20% para becas estudiantiles y 25% irá a programas de desarrollo de gas natural.
“Es un pésimo impuesto porque va a alejar todo atisbo de inversión”, sostuvo el opositor Javier Campos.
La Unión Industrial de Argentina (UIA), la mayor patronal del país, rechazó el proyecto, ya que “incrementa los problemas que impiden la reactivación económica, afectando profundamente al sector productivo”, indicó en un documento.
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