El gobernador Greg Abbott firmó la ley más estricta contra los migrantes en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Esta Ley, la SB4 entrará en vigor en marzo venidero, incluye tres normas. Es más drástica que la Ley SB1070 aprobada el gobierno de Arizona en 2010.
La primera de las tres leyes de la SB4 criminaliza a los migrantes que crucen los cerca de 2 mil kilómetros de frontera de Texas con México, explicó el doctor José María Ramos, profesor investigador de El Colegio de la Frontera Norte (ColeF).
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De acuerdo a esta norma que aprobó el Congreso del Estado de Texas, es un delito la llegada irregular a territorio texano y permite a las autoridades estatales la deportación a México de todo sospechoso de haber ingresado a Texas de esta manera.
Sí los migrantes no abandonan territorio estadounidense, pueden tener una condena de prisión de entre dos y 20 años, dijo.
La segunda iniciativa del gobernador Abbott, permite el uso de mil 500 millones de dólares extraordinarios para reforzar la vigilancia de la frontera con México. Parte de los recursos son para construir más kilómetros de muro migratorio.
La tercera iniciativa de la Ley SB4, entrará en vigor en febrero de 2024, endurece las penas para los traficantes de personas.
Al analizar esta Ley SB4, el especialista en gobernanza, seguridad y relaciones México-Estados Unidos, comentó que al firmarla el 18 de diciembre en Browsville, Texas, el gobernador Abbott aseguró que en 2017 se detuvieron a 317 personas acusadas de ese delito de tráfico de migrantes.
Este año se detuvieron a más de 3 mil traficantes de personas. Y la norma que firmó el mandatario texano eleva las penas de prisión a 10 años y crea otra sanción de 5 años de cárcel para cualquiera que opere o ayude a la operación de una casa de seguridad en el Estado de Texas.
Apuntó el investigador Ramos García que en el Estado de Texas, que tiene poco más de 29 millones de habitantes, diez millones son de origen mexicano. “La mayoría no votan, porque no suelen registrarse electoralmente. Y los que votan, favorecen a los candidatos republicanos”.
Explicó que la narrativa del gobernador Abbott se sustenta en una deliberada falta de acción del gobierno federal, por lo cual el Estado de Texas tiene que defenderse a sí mismo.
La ley SB4 puede derogarse
Cerca del 60 por ciento del total de las detenciones de migrantes: 6 millones 830 mil 287 que realizó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) por sus siglas en inglés, ocurrieron en la región fronteriza texana con México de enero de 2021 a octubre de 2023, según se dio a conocer en noviembre reciente.
Luego comentó que el argumento para la suspensión temporal de las operaciones en los puentes ferroviarios internacionales de Eagle Pass y El Paso, Texas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, fue debido a un aumento en los cruces fronterizos de migrantes.
Solo en el pasado noviembre, las autoridades fronterizas detuvieron a 192 mil migrantes, esto fue un 2 por ciento más en comparación con las 188 mil detenciones de migrantes en octubre.
E igualmente, dijo, se cerró un cruce peatonal hacia Estados Unidos en el puerto fronterizo de San Ysidro, en California, para reorientar al personal migratorio a atender las solicitudes de asilo.
“Esta creciente movilidad humana ocurre entre otros factores, por las diversas opciones de migración a las personas migrantes irregulares de parte del gobierno de Estados Unidos a partir del 5 de enero de este 2023”, puntualizó.
Además, comentó que el gobernador republicano de Texas, promulgó estas leyes dos días después de que el expresidente Donald Trump prometiera la mayor deportación de migrantes sí retorna a la Casa Blanca en 2025.
En New Hampshire, el ex presidente aseguró “que los migrantes envenenan la sangre de Estados Unidos”.
También consideró el especialista en la relación bilateral México-Estados Unidos que esa Ley SB4 podría derogarse por la Corte Suprema en el corto plazo. Entre las razones: sustituye a la legislación federal, promueve el perfilamiento racial y el acoso.
Además, autoriza inconstitucionalmente a las autoridades locales a deportar a personas sin el debido proceso, sin importar sí los migrantes buscan asilo u otras protecciones humanitarias.
“La ley texana se contextualiza bajo la negociación de la Casa Blanca y el Senado para llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza, que implicaría un mayor control en la línea limítrofe de parte del gobierno federal”.
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“A cambio de ello, los republicanos en el Congreso, avalarían ayudas para Ucrania, Israel y otras necesidades de seguridad nacional!”, dijo el profesor investigador José María Ramos García.
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