CARACAS. Venezuela votará mañana en medio de una serie de crisis que va desde la humanitaria, económica o migratoria, una situación compleja que ha orillado al destierro de más de ocho millones de ciudadanos, mientras que dentro del territorio se registra una ola de persecuciones, encarcelamientos y torturas.
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Ante ello, líderes de la oposición, representantes en el exterior y organizaciones de derechos humanos lanzaron un llamado urgente a la comunidad internacional para supervisar de cerca los comicios, aunque el régimen ha iniciado una campaña para evitar que los observadores externos hagan su trabajo.
El chavismo, con el candidato a la reelección presidencial Nicolás Maduro al frente, se juega su continuidad en el poder, al que aspiran llegar nueve candidatos opositores, entre ellos el de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, todos con promesas de profunda transformación.
Durante 25 años, el chavismo se ha mantenido en el poder, con tiempos prósperos (financiados por la renta petrolera) y otros de crisis, sobre todo, en la última década, cuando la corrupción, los controles a la economía y las múltiples estatizaciones (factores que continuaron con Maduro) pasaron factura.
Los poderes Legislativo y Judicial están bajo el control del chavismo, con un Parlamento de contundente mayoría oficialista (más del 90 por ciento de los 277 escaños) y un Supremo “sin autonomía ni imparcialidad”, que como ejemplo, ratificó la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias de octubre.
En el tema migratorio, del país han salido unos 7.77 millones de venezolanos, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (integrada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones), una cifra que el Gobierno reduce a unos dos millones. Pero solo 69 mil 211 de los venezolanos que están fuera podrán votar.
La oficina de la ONU para los Derechos Humanos, también lamenta “el aumento de las restricciones al espacio cívico” en las semanas previas a las elecciones, cuando ha recibido informes de detenciones de miembros de la oposición y sus simpatizantes. En lo que va de 2024, la ONG Foro Penal documentó 225 arrestos con fines políticos.
En la economía, tras caer más de un 70 por ciento entre 2013 y 2020, según cálculos independientes, ahora registra mejoras en sectores como petróleo, manufactura, comercio y agricultura, mientras que la inflación cayó al nivel más bajo en los últimos 12 años.
TENSIÓN INTERNACIONAL
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros observadores aumentaron la tensión antes de las presidenciales del fin de semana.
Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a exmandatarios de México, Costa Rica y Panamá, denunció el presidente panameño, José Raúl Mulino.
El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada.
Por otro lado, 10 congresistas y eurodiputados del Partido Popular español, así como una parlamentaria de Colombia, otra de Ecuador, y dos senadores de Chile denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.
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Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre “un baño de sangre” si gana la oposición, palabras que preocuparon a los presidentes de Brasil, Chile y Honduras.
El exmandatario argentino, Alberto Fernández también canceló su asistencia luego de una advertencia del gobierno de Caracas para que no acudiera