PARÍS, Francia. Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, acordaron ayer expulsar a los yihadistas y a los milicianos anti-Asad de la provincia siria de Idlib y crear una zona desmilitarizada para evitar una nueva carnicería humana en las horas finales de la guerra.
"Decidimos crear una zona desmilitarizada de 15-20 kilómetros en la línea de frente entre la oposición armada y las fuerzas gubernamentales antes del 15 de octubre", explicó Putin en conferencia de prensa al término de una reunión de cuatro horas con Erdogan en el balneario ruso de Sochi, a orillas del mar Negro.
"Junto con Rusia haremos todo lo posible para eliminar a todos los grupos radicales de este territorio", completó Erdogan.
"Los dos países coordinación las patrullas en ese territorio” para "prevenir la catástrofe humanitaria que podría ocurrir a causa de las operaciones militares", precisó el líder turco.
Los acuerdos alcanzados ayer implican que no habrá operaciones militares en Idlib, afirmó por su parte el ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu.
Las modalidades sobre la “estabilización de la situación en Idlib” serán comunicadas al gobierno sirio "en las próximas horas" para asegurar una perfecta coordinación, precisó el responsable militar. El comentario de Shoigu permite pensar que el presidente Bashar al Asad no tuvo ninguna participación en el acuerdo labrado por dos de los principales actores estratégicos del conflicto.
El bastión rebelde de Idlib, en el norte del país, es la última región que escapa al control de Damasco. El 60% de su territorio está en manos del grupo yihadista Hayat Tahrir Al Sham (HTS), integrado por la antigua rama del Al Qaeda en Siria.
Evitar una batalla en Idlib es un objetivo primordial para Turquía, que tiene fronteras con esa provincia y quiere evitar un nuevo éxodo de refugiados. Más de tres millones de sirios se instalaron en Turquía desde el comienzo de la guerra en 2011.
Los expertos militares estiman que la batalla o la capitulación de las fuerzas que controlan Idlib pondrá término a ese conflicto que, en poco más de siete años, provocó cerca de 400 mil muertos, 5.6 millones de refugiados que huyeron a los países vecinos y 6.1 millones de personas desplazadas dentro del país, según datos coincidentes de la ONU y de la Cruz Roja.