El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, defendió a los cuatro excolaboradores de su administración que tuvieron cargos en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y cuentan con orden de aprehensión, según el expediente 318/2019 por el presunto delito de ejercicio indebido del servicio público, cometido en agravio de los delitos por hechos de corrupción.
Este día fue detenido Bernardo “N”, exsubsecretario de Finanzas, y trasladado al penal de Pacho Viejo.
Mientras que Clementina “N”, titular; Adrián “N”, tesorero, y Luis Francisco “N”, subdirector de operación financiera de la Sefiplan durante el bienio de Yunes Linares cuentan con orden de aprehensión.
Mediante una carta abierta, el exmandatario estatal aseguró que este hecho es “una atrocidad que me obliga a dar mi opinión en defensa de personas que colaboraron en mi gobierno y lo hicieron con honestidad y eficiencia”.
Indicó que ha mantenido durante meses un silencio prudente, pero ante tales hechos decidió defender el trabajo que realizaron sus excolaboradores.
No los acusan de apoderarse de recursos públicos, de robar al erario, ni de beneficiarse de manera alguna con su cargo, que quede claro, no hay desviación de recursos en favor de ellos, ni de nadie. Previamente la Contraloría General del Estado les había impuesto una sanción económica de más de 750 millones de pesos
Señaló que la acusación presentada por el Secretario de Salud consiste en que en el mes de diciembre de 2016, los exservidores depositaron en una cuenta a favor del gobierno del Estado un cheque de 250 millones de pesos entregado por la Procuraduría General de la República, cantidad que es parte de los recursos recuperados antes de tomar posesión como gobernador y los cuales habría dado a conocer al Congreso local el día que rindió protesta.
Ante ello, destacó que los señalamientos en contra de sus excolaboradores son porque no se verificó por los medios legales pertinentes la procedencia del dinero que fue entregado por la Procuraduría General de la República.
Así como de no destinar todos los bienes y recursos recuperados al sector salud, sino sólo 281 millones de pesos, destinándose el resto fundamentalmente a equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública.
El acuerdo que dicté para la aplicación de los recursos que recuperamos fue que los mismos se destinarían a los programas presupuestarios y actividades institucionales que se consideren necesarias; preferentemente a los relacionados con la reactivación del Sector Salud
Explicó que en ningún momento se dijo que los todos los recursos serían destinados al Sector Salud; sin embargo, no se causó daño ni al gobierno porque el total de los recursos se aplicaron en beneficio del Estado.
La aplicación de esos recursos permitió entre otras cosas construir el Hospital Infantil de Veracruz y muchas otras obras hospitalarias en beneficio de los veracruzanos, también se utilizaron para el equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. El resto de los bienes, tanto muebles como inmuebles, todos, son propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz y los documentos que así lo acreditan se encuentran en su poder, les fueron entregados en el momento que la ley indica
Yunes Linares dijo estar orgulloso de haber recuperado casi 800 millones de pesos en efectivo y 600 millones de pesos en bienes inmuebles, muebles y obras de arte.
En su opinión, la decisión de proceder en contra de quienes administraron esos recursos forma parte de la estrategia “cada día más obvia” de devolver a la banda que tuvo en sus manos el Gobierno de Veracruz recursos y bienes que se lograron recuperar.
Es una enorme vergüenza que el Poder Judicial del Estado se preste a perseguir a personas inocentes con argumentos que no resistirán un amparo ante la justicia federal. No puede esperarse menos cuando el Presidente del Tribunal Superior de Justicia se ha puesto de rodillas frente al Ejecutivo en el afán de lograr su reelección. Está podrido, huele mal. Mi solidaridad plena con quienes son injustamente perseguidos. Veracruz merece un mejor destino. Lo tendrá