Los gobernadores de la frontera norte del país condenaron la eliminación en el Presupuesto de Egresos 2018 de los fondos para programas de atención a migrantes por más de 263 millones de pesos, en perjuicio de los 21 millones de habitantes de esta zona y en momentos en que México debe prepararse para enfrentar las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Nos parece insensible que en medio del contexto político en el que nos encontramos con Estados Unidos, no se contemplen recursos para el Fondo para Fronteras y el Fondo de Apoyo a Migrantes”, dijo el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, al dar la bienvenida a los mandatarios Francisco García Cabeza de Baca, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Jaime Rodríguez Calderón y Claudia Pavlovich, de Tamaulipas, Baja California, Nuevo León y Sonora, respectivamente.
Reunidos en el salón Rojo de Palacio de Gobierno, los gobernadores plantearon la situación de cada una de sus entidades y analizaron la postura antiinmigrante de Estados Unidos que ha sostenido Trump desde noviembre pasado.
La intención es establecer el ejercicio del recurso en todos los municipios de cada entidad fronteriza y no únicamente en los físicamente colindantes, además de que el componente de autoempleo pueda sea aplicado por organizaciones de la sociedad civil y que los recursos a los estados, sean otorgados en los primeros tres meses del año, en lugar de que sea en diciembre como ahora.
Los gobernadores definieron peticiones muy específicas para el Gobierno federal, como la reposición de 750 millones del Fondo para Fronteras y la restitución de 300 millones de pesos del Fondo de Apoyo al Migrante, además de insistir en la pertinencia de crear el Fondo de Fronteridad para hacer frente a los efectos de las políticas antiinmigrantes del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
En el marco de la reunión de gobernadores fronterizos que se realizó en la ciudad de Chihuahua, se analizó la decisión de Donald Trump de la semana pasada, de dar marcha atrás a la vigencia del DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), que protegía a indocumentados que llegaron como menores de edad y cuya población se estima en 600 mil mexicanos.
Corral, a nombre de los mandatarios reunidos, señaló que la decisión tomada por el presidente norteamericano, y que podría avalar el Congreso de Estados Unidos, se hizo como medida de presión para renegociar el Tratado del Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y es una falta de respeto a los derechos humanos.
Por ello, expuso que en esta cuarta mesa de trabajo insistieron en la demanda a la Federación, para que sea consciente de las características y retos particulares enfrentados por la frontera norte de México y aumente sustantivamente el Fondo para Fronteras y el Fondo de Apoyo a Migrantes (FAM).
De igual manera, los gobernadores fronterizos han exigido que no sean reducidos los fondos del Fasp, Fortaseg y Fortamun, además de su inclusión en la estrategia de zonas económicas especiales y aspectos del TLCAN, abundó.
Javier Corral, agregó que otro de los objetivos más importantes dentro de la agenda de esta Alianza Política de los Gobernadores de la Frontera Norte, es que el Gobierno Federal apoye el fortalecimiento de las capacidades de seguridad nacional e internacional, en la línea divisoria de 3 mil 180 kilómetros compartidos con Estados Unidos.
Una propuesta es que los Estados firmen un acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para dotar a agentes estatales capacitados, con armamento de grueso calibre asegurados a grupos delictivos, por la Procuraduría General de la República (PGR).
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