Jalisco.- Roberto López Lara, secretario general de Gobierno de Jalisco, reconoció que la responsabilidad del resguardo legal de las dos cajas de refrigeración con cuerpos que se encuentran en el patio del Instituto Jaliscience de Ciencias Forenses (IJCF) es de la Fiscalía del estado.

Por su parte, el exdirector del IJCF, Luis Octavio Cotero Bernal, señaló que no va a emprender acciones legales o de defensa por su despido, pues el gobernador, Aristóteles Sandoval, tiene facultades para separarlo del cargo; pero lamentó no se le hubiera permitido presentar su licencia de una manera decorosa.

La declaración de López Lara derivó de la publicación del "Convenio específico de colaboración para la conservación de cadáveres de personas desconocidas y/o conocidas", entre la Fiscalía y el IJCF, donde se suscribe que el instituto apoyaría con un espacio para el asentamiento de la caja de refrigeración contratada y pagada por aquella; lo firman el entonces fiscal general, Eduardo Almaguer; la fiscal central, Marisela Gómez Cobos; el director jurídico del IJCF, y Cotero Bernal.

En este sentido, el exdirector del IJCF señaló que solicitó mover el primer tráiler con cadáveres del patio de la institución para acomodar el segundo, pero la orden de sacar el tráiler por diversos municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara tuvo que darla la Fiscalía del Estado, aseguró.

Dijo que si nadie dio la autorización, entonces se debe abrir una carpeta por el robo de cuerpos al chofer del tráiler y los policías que lo custodiaron.

El exfuncionario acusó que “ya no deben dar más espectáculo, porque no hay justificación (...) para mí es una pifia de justificación a la sociedad, … Ya saben quién es y dónde está, y yo creo ofenden a la inteligencia con estos actos”.

El secretario de Gobierno insistió en que la responsabilidad del resguardo legal es de la Fiscalía y el de los cuerpos del lJCF.

Respecto a la fotografía en la que se ven bolsas negras improvisadas y cuerpos apilados en las cajas, Cotero Bernal aseguró que los restos estaban en bolsas especiales donadas por la Cruz Roja, y acomodados para identificación, por lo que acusó una posible manipulación de evidencias para desprestigiar al instituto que tiene certificación internacional.

También solicitó medidas cautelares a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para salvaguardar su integridad.