Los 81 municipios de Guerrero presentan uno de los porcentajes más bajos a nivel nacional en materia de transparencia al registrar apenas el 13%, debido a que no informan a los ciudadanos en temas importantes como la obra pública, gastos de nómina, ingresos y egresos, así como el método de asignación de los proyectos.
El presidente del Comité Consultivo del Programa de Ética, Transparencia y Combate a la Corrupción, Cesar González Arcos, dijo también que los avances para aplicar el nuevo sistema estatal anticorrupción en Guerrero se encuentran a un 80%, toda vez que falta la conformación del comité ciudadano y del fiscal quien emitirá las sanciones.
Entrevistado, tras concluir su participación en la sesión semanal del grupo Aca, González Arcos lamentó el actuar de los alcaldes al negarse a transparentar el ejercicio de su función pública, lo que podría concluir en sanciones que van desde los 10 hasta los 100 mil pesos y son aplicadas por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro).
“En términos de transparencia estamos muy mal de acuerdo al último reporte que están en la plataforma, los ayuntamientos tienen apenas el 13%, parece lamentable porque para que los ciudadanos podamos revisar cómo van en su función deben transparentar todo y no lo están haciendo”, señaló.
César González dijo también que en contabilidad gubernamental todos los ayuntamientos están reprobados, porque no respetan los parámetros marcados, y por rubros, en transparencia e información el poder legislativo se encuentra en un 92%, el judicial a un 44, los órganos autónomos a un 66, partidos políticos al 34, es decir nadie informa en su totalidad.
Sobre el sistema estatal anticorrupción, dijo que debe de aplicarse al 100% a más tardar el 29 de junio de este año, cuando ya debe estar nombrado el fiscal, quien emitirá las sanciones a funcionarios o particulares que sean denunciados por los ciudadanos u organizaciones civiles.
“Estamos instalando el nuevo sistema anticorrupción, en la ley ya está, pero hay que darle vida jurídica en los nombramientos, primero el comité de selección que a su vez elegirá al de participación ciudadana y el segundo paso la designación del fiscal anticorrupción, después entrarán en vigor las nuevas facultades”, concluyó.
