La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ve con “preocupación” la manera en que se está ejecutando el proyecto del Tren Maya de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador puesto que al buscar que se realice “de cualquier manera” se presentan casos de expropiación ilegales e incluso “acoso y hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad contra pobladores que buscan reclamar por sus derechos” humanos y ambientales.
“La Relatoría Especial nota que el presente proyecto se buscaría ejecutarse de cualquier manera, toda vez que de la in formación recibida resalta que se desprenden casos de acoso y hostigamiento por parte de fuerzas de seguridad contra pobladores que buscan reclamar por sus derechos. Incluso, la Redesca recibió información de posibles muertes asociadas a estas actividades, tomando especial nota de la muerte de un joven en el Ejido Samuel en Campeche. De lo que se tiene conocimiento, el Estado no ha abierto ninguna investigación, pese a existir una denuncia presentada por los familiares de la persona que falleció”, dice el V Informe Anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), de la CIDH.
Propone que en caso de que sea necesario adoptar una decisión para reformar normas medioambientales específicas, esas decisiones deberán respetar tanto los elementos de procedimiento como los sustantivos de los derechos humanos.
El Informe de Redesca analiza las condiciones en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los 35 países que integran la región.
En el capítulo de México desglosa siete temáticas uno de ellos el de Empresas y Derechos Humanos en el que aborda la polémica entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno de la Cuatroté por la construcción del Tren Maya.
Este proyecto prevé desarrollar una nueva línea de transporte ferroviario de turismo y carga que atravesará cinco estados de la República en el sureste del país y contaría con 18 estaciones.
En las denuncias de las organizaciones ante la relatora se dijo que se planea construir nuevas ciudades y otros “polos de desarrollo”, como parques industriales.
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El organismo internacional recogió testimonios que señalan que “no existe una oposición completa al proyecto como tal, por cuanto sería un beneficio para la movilidad en el sector. Sin embargo, reclaman que la metodología y acercamiento por parte del Estado atenta los derechos de los ejidos y otros poblados que ya se encuentran en el territorio”.
Lo que en particular se reclama es que “los procesos de expropiación donde se da paso a las vías del tren no cuentan con procesos de expropiación legítimos y simplemente las personas serían forzadas a salir de sus hogares sin ninguna alternativa culturalmente apropiada”.
Pidió que todas las decisiones se adopten de manera transparente, con una amplia participación del público y proporcionando acceso a la justicia a las personas, comunidades y otras organizaciones interesadas.
Como un aspecto crucial dijo que se debe dar protección a los defensores de los derechos humanos medioambientales. Por lo que “es indispensable que el Estado adopte todas las medidas pertinentes, a fin de que el presente texto del acuerdo no sea un detrimento en la protección a los defensores de los derechos humanos medioambientales y a la pronta investigación y enjuiciamiento de los responsables de amenazas o actos de violencia contra esas personas”.
En el apartado de Emergencia Climática la CIDH urgió a la Cuatroté que tome medidas para proveer de una protección efectiva a las personas defensoras de la tierra y territorio, considerando su rol vital para las acciones climáticas que se pue- dan realizar.
Por lo mismo dijo que es preocupante que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) haya confirmado la existencia de más de una treintena de conflictos ambientales de atención “urgente”.
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El listado menciona “conflictos atendidos” pero no necesariamente resueltos, como la gestión del agua de los pueblos zapotecos, en Valles Centrales de Oaxaca, la presa El Zapotillo, en Jalisco, la cervecera Constellation Brands y la extinción de la Vaquita Marina en Baja California.
Incluye lo ocurrido en el Parque Nacional Laguna de Zempoala y el Proyecto Integral Morelos. También la disputa en Montes Azules, Chiapas, lo sucedido en Puerto de Lázaro Cárdenas y Pátzcuaro en Michoacán, además de lo de la presa Los Pilares, y la contaminación del Río Sonora, Sonora, entre otros casos.
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