De cara al Día Internacional de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, el Congreso de Puebla aprobó la “Ley Ácida” y la “Ley Monzón”. La primera tipifica como tentativa de feminicidio los ataques con alguna sustantiva corrosiva, mientras que con la segunda se suspende la patria potestad a los padres acusados por el presunto delito de feminicidio en contra de la madre.
Desde las nueve de la mañana, integrantes de diferentes colectivas feministas se dieron cita en el recinto legislativo para presenciar la votación de los dos proyectos que fueron analizados por separado y avalados por unanimidad de votos.
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Ley Ácida en Puebla, ¿en qué consiste?
En lo que respecta a la ley de las sustancias ácidas, el estado de Puebla se convirtió en la primera entidad a nivel nacional en tipificar los ataques con ácido como una tentativa de feminicidio, porque el Congreso del Estado aprobó el proyecto que estableció las penas podrían alcanzar hasta los 40 años de prisión.
Sin embargo, la sobreviviente de esta violencia, María Elena Ríos, consideró que la normativa se encuentra incompleta porque carece de una reparación del daño integral para las víctimas.
Con la presencia de las sobrevivientes de violencia ácida en el pleno, María Elena Ríos, Carmen Sánchez, Esmeralda Millán y Leslie Moreno, se aprobó el proyecto de las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, así como la de Igualdad de Género para reformar diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado y del Código Penal del Estado.
El proyecto determinó que las personas responsables de algún ataque con ácido o una sustancia corrosiva será juzgado como la tentativa de feminicidio por lo que la sentencia podría ser de los 20 a los 40 años.
Al subir a tribuna, la legisladora local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, expresó que la entidad da un paso ante la lucha de la violencia contra las mujeres porque no se dejarán impunes dichos actos.
“Pueda vuelve a resonar en este país (…) no estoy encantada de actuar en este tema. Este dictamen que se aprobará dará un gran paso. Es un acto atroz que tiene como objetivo destruir su vida. Las marcas no solo son físicas, sino psicológicas”, dijo.
Falta reforzar iniciativa: María Elena
Ante la perspectiva de María Elena Ríos, la propuesta se encuentra incompleta porque no contempla con un esquema de reparación integral para las víctimas que han sido víctimas de ese tipo de agresión.
Especificó que lo aprobado no ofrece un apoyo por parte de las autoridades de salud para ayudar a las víctimas con los tratamientos a los se someten, mismos que son muy costosos.
Además, no prevé planes para la reincorporación social de las víctimas, que en su mayoría son mujeres porque tras los hechos de los que son víctimas su identidad se ve afectada completamente y de manera autónoma deben buscar la forma de volverse a integrar a sus diferentes actividades.
En ese mismo sentido, criticó que el dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, presentó una propuesta en materia de la violencia ácida porque fue el exdiputado del tricolor, Juan Antonio Vera Carrizal, quien presuntamente ordenó el ataque con una sustancia corrosiva en su contra.
Recapituló que las agresiones con ácido son una de las más agresivas porque el su principal cometido es destruir la vida de la víctima y busca borrarlas del mapa.
“Quieren borrar la mujer porque esa es la máxima expresión del borrado de la mujer, de la violencia feminicida más violenta. Se debe tipificar como feminicidio en tentativa porque pretende borrarnos (…) la identidad es para sentirnos parte de la sociedad”, expresó.
Hay que recordar que la propuesta salió por el principio de concentración debido a que hubo propuestas presentadas por las diputadas Aurora Sierra, Tonantzin Fernández, Mónica Silva, Mónica Rodríguez y el legislador Néstor Camarillo.
El proyecto de Aurora Sierra contemplaba partes de dicho plan pero los puntos fueron retirados del proyecto, sin conocer los motivos de la acción.
En qué consiste la Ley Monzón en Puebla
El nombre de la abogada Cecilia Monzón está lejos de olvidarse porque este jueves el Congreso de Puebla avaló la serie de reformas que fueron bautizadas como la “Ley Monzón” para suspender la patria potestad de los hijos cuando el padre sea señalado por el presunto delito de tentativa de feminicidio o feminicidio en contra de la madre.
A casi ocho meses del asesinato de la activista, quien de acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) fue asesinada por Javier López Zavala, su expareja sentimental y con quien tenía una demanda por la pensión alimentaria de su hijo, el parlamento poblano avaló por unanimidad de votos las modificaciones al Código Civil para el Estado y del Código Penal del Estado que fueron aprobadas en la Comisión de Procuración de Justicia el lunes 27 de febrero.
Previo al inicio de la sesión, un grupo de mujeres se manifestó a favor del proyecto que impulsó la legisladora local del Partido del Trabajo (PT), Mónica Silva Ruiz.
De acuerdo con lo aprobado, al padre de familia se le suspenderán los derechos de convivir con sus hijos, en lo que se desarrolla el juicio en su contra por el presunto delito y en caso de que el varón sea declarado inocente, nuevamente recuperará la custodia del menor.
En caso contrario, si el padre es condenado por el delito de feminicidio, la custodia del menor pasaría a tutela de las personas que el juez considere son las más aptas para ejercer el papel de los infantes con el fin de cuidar el desarrollo pleno de los infantes.
¿Quién era Cecilia Monzón?
Cecilia Monzón fue abogada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con especialidad en Derecho Penal y tenía una maestría en Sistema Penal Acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla.
Era conocida en el estado porque luchó para defender a las mujeres víctimas de algún tipo de violencia e inclusive era conocida como “la abogada de las mujeres”.
“Ceci”, como le decían sus amigos y personas cercanas, era una mujer alegre y fuerte, a la que le gustaba hacer ruido y apoyar a las causas de los sectores más vulnerables. Sin embargo, tenía una lucha propia contra el padre de su hijo, Javier López Zavala, excandidato a la gubernatura de Puebla, porque enfrentaba una demanda por pensión alimenticia.
El 21 de mayo la abogada con nacionalidad española fue asesinada en San Pedro Cholula por dos hombres a bordo de una motocicleta mientras ella circulaba en su camioneta, hecho que conmocionó a nivel local, nacional e internacional porque el gobierno de España, condenó los hechos y exigió a la entidad entonces gobernada por Miguel Barbosa esclarecer su muerte.
Un mes después, la Fiscalía General determinó que hubo cuatro involucrados. Javier López Zavala, quien fue el autor intelectual y su exsecretario particular, Santiago Bárcena, propietario de uno de los vehículos utilizados.
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Los autores materiales fueron Jair N., sobrino de López Zavala y encargado de conducir la motocicleta, y Silvestre N, quien efectuó los seis disparos que le arrebataron la vida a la litigante.
