La ciudad de Iguala fue elegida para el cierre de la jornada de lucha que iniciaron los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos en septiembre de 2014, al cumplirse ocho años de los trágicos hechos.
En esta jornada, los normalistas de Ayotzinapa pintaron y rompieron vidrios en diversas sedes militares ubicadas en Chilpancingo, Iguala y Ciudad de México, después de que un informe de la Comisión de la Verdad para esclarecer el caso, apuntara a elementos del Ejército Mexicano como los responsables de la desaparición de estudiantes.
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La jornada de lucha inició el 20 de septiembre con un mitin en la Secretaría de Relaciones Exteriores, de ahí fueron seis días y finalmente esta jornada concluirá este martes en Iguala.
De acuerdo con lo anunciado por los padres y madres de los 43 normalistas desparecidos, se realizará un acto político este mediodía del martes en el punto conocido como la Estela de los Caídos, un lugar donde fue torturado y asesinado el estudiante Julio César Mondragón Fontes.
En esta ciudad, fue donde en la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, presuntos integrantes del grupo delictivo de Guerreros Unidos, junto con efectivos de diversas corporaciones del estado, participaron en la desaparición de los normalistas.
Los estudiantes habían acudido a Iguala a interceptar autobuses, para ponerlos a disposición del alumnado para su participación en la conmemoración de la Matanza de Tlatelolco, que ocurrió el 2 de octubre de 1968.
En la madrugada, nueve personas fueron asesinadas, cinco de ellas estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, entre ellos Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón.
El resto fueron un joven futbolista del Equipo Avispones y el chofer del camión así como personas que circulaban durante el ataque.
Durante más de ocho años y respaldada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se mantuvo la llamada Verdad Histórica, que explicaba que los estudiantes habían sido secuestrados y calcinados por integrantes de Guerreros Unidos, quienes habrían arrojado sus restos en el Río San Juan de Cocula.
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Con la administración de Andrés Manuel López Obrador, y ya rumbo el cuarto año de gobierno, un informe de la Comisión Especial para el caso, derrumbó esa versión y apuntó hacia un crimen de estado, en la que estaba involucrado el Ejército.
Nota publicada en El Sol de Acapulco