PUEBLA. El uso de cañones antigranizo vuelve a generar polémica en el sector agropecuario, pues mientras los aguacateros de Michoacán los utilizan pese a las presiones de ambientalistas, campesinos de Puebla acusan que han provocado sequía y no pueden cultivar.

Las cosechas en el campo, al oriente del estado de Puebla, se encuentra en peligro. Los ejidatarios de la región contabilizan más de 50 mil hectáreas afectadas por la sequía durante el presente año y responsabilizan de esta situación al uso de bombas antigranizo por parte de empresas trasnacionales y terratenientes con grandes extensiones de cultivos de riego.

Ejidatarios de la región de Tehuacán se sumaron al repudio de productores de Libres, Tepeyahualco, Oriental, Ocotepec y Cuyoaco al uso de los cañones antigranizo, al denunciar que sólo en San José Tilapa se han perdido más de mil hectáreas de cultivo por la falta de lluvias.

Las manifestaciones este año contra estas bombas antigranizo comenzaron desde el pasado 10 de agosto, donde exigen que se detengan los bombardeos a las nubes y para ejercer presión ante la negativa del gobierno del estado por elaborar un decreto para eliminarlas.

A finales del mes pasado el gobernador Miguel Barbosa aseguró que la ausencia de lluvias a la que se refieren los quejosos es un efecto del cambio climático y negó el uso de cañones antigranizo en la región:

"No han utilizado los cañones, no tenemos ningún registro de ello. Si encontramos que alguna empresa los utiliza, además de decomisar esa tecnología podemos llegar a la clausura de las funciones".

Un día antes, campesinos de Payuca captaron con sus teléfonos celulares como las nubes acumuladas se dispersan en el cielo gris después de que escucharon tres detonaciones.

VW LOS USA

En junio de 2018, campesinos de juntas auxiliares en Puebla denunciaron que la planta automotriz Volkswagen había usado bombas antigranizo para evitar daños en su producción, lo que había afectado sus campos de cultivo.

Transcurridos dos años de la primera denuncia por el uso de esta tecnología, ejidatarios de cinco municipios del Valle Central acusaron a los terratenientes, empresarios agroindustriales y empresas transnacionales de evitar las lluvias con el uso de estos cañones, perjudicando más de 50 mil hectáreas de siembra.

La caída de granizo sobre los autos recién fabricados de Volkswagen le costó a la armadora alemana 20 millones de dólares en 2017, tras las pérdidas, la empresa decidió instalar cañones antigranizo alrededor de su planta de producción al inicio de 2018.

Hasta la fecha, los campesinos acusan a Volkswagen ignorar los estragos que genera cada bombardeo; además, la planta armadora de Audi en el estado se sumó a la misma denuncia.

Los campesinos señalan a empresas como Granjas Carroll, Driscolls y a la fotovoltaica Iberdrola de atacar las nubes en cuanto se empiezan a reunir, pero también enlistan a los terratenientes favorecidos por las autoridades. Han visto camionetas cargadas con cosechas salir de ranchos grandes, de aquellos beneficiados con concesiones de pozos que les da la capacidad de rechazar la que cae del cielo.

SIN LEY QUE LOS REGULE

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del estado de Michoacán,(Semacdet), Ricardo Luna García, dice que es urgente que se cuente con una ley que regule los cañones antigranizo.

Ante el creciente uso de estos aparatos para mitigar la caída de agua en estado sólido, el tema se ha vuelto a poner sobre la mesa y ha convocado a funcionarios, agricultores y especialistas michoacanos .

"Lo que se busca es sumar a todos los sectores, incluidos a los fabricantes de los cañones, para conocer las diferentes pos- turas, así como opiniones; y contar con argumentos sólidos para generar políticas públicas al respecto", dijo Luna García.

En el Congreso de Puebla ya se busca prohibir el uso de estos cañones o algún otro artefacto que provoque la alteración del ciclo del agua y genere afectaciones al campo. El diputado local Gabriel Biestro Medinilla, (de Morena), presentó hace unos días una iniciativa que considera otorgar a la Secretaría de Medio Ambiente la facultad de asegurar los aparatos o herramientas que se utilicen con estos fines.