Por Víctor Castillo, Corresponsal y JOSÉ LUNA

Fue desquiciada la ciudad nuevamente ayer con una serie debloqueos por parte de los integrantes de la Sección 22 de laCoordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE,cerrando en su totalidad los cruceros de entrada y salida de laciudad.

La movilización inicio a partir de las 9 de la mañana de ayercuando los maestros bloquearon el tránsito en los cruceros deHuayapam y Viguera. En ambos cruceros retuvieron camiones deempresas privadas para bloquear el tránsito.

A las 10:30 de la mañana, el magisterio disidente liberó loscamiones del crucero de Viguera, e inició una marcha rumbo alcrucero de Hacienda Blanca.

De acuerdo a declaraciones de los mentores el motivo de sumovilización fue por el primer aniversario de los hechos violentosocurridos en Asunción Nochixtlán el pasado 19 de junio de 2016,en los que murieron ocho personas y hubo más de 100lesionadas.

En el primer día de los tres en que anunciaron movilizaciones,la CNTE también bloqueó la carretera Transístmica a la altura deMatías Romero, permitiendo el paso solo a vehículos pequeños porvías alternas.

Aseguraron que su jornada de bloqueos durará tres días, hastael lunes 19 de junio, día en que suspenderán clases. Otro bloqueofue en la carretera La Ventosa – Tapanatepec, a la altura delmunicipio de Santo domingo Zanatepec, en el Istmo. De igual manera,integrantes de la CNTE bloquearon la entrada a plazas comercialesen Pinotepa Nacional, en la región Costa.

A un año de la tragedia de Nochixtlán, Oaxaca, donde seregistró un saldo de tres muertos y 45 lesionados a causa deloperativo de la Policía Federal para retirar manifestantes de laCNTE y simpatizantes que en se enfrentaron con los elementos deseguridad con piedras, palos y cohetones, instituciones de derechoshumanos llamaron al diálogo, a una investigación exhaustiva y aproveer garantías de no repetición de actos semejantes.

Exhortan a las autoridades de procuración de justicia de lostres niveles de gobierno a cimentar y concretar su actuación, antela ausencia de resultados de las investigaciones realizadas.

De manera particular, resaltaron que los hechos deben serabordados de forma efectiva e interpretados en el contextohistórico y social del estado de Oaxaca, donde el rezago en elgoce igualitario de los derechos humanos, en particular losderechos económicos, sociales y culturales, históricamente hagenerado un clamor de justicia social que no ha sido debidamenteatendido.

Lo anterior, luego de que personal de la CNDH, de la Oficina enMéxico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para losDerechos Humanos (ONU-DH) y de la Defensoría de los DerechosHumanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), realizaron este fin de semanaun recorrido conjunto por Hacienda Blanca, Huitzo yNochixtlán.

En ese lugar hace un año se desarrollaron una serie de hechosviolentos que ocasionaron personas muertas y heridas, así comodaño psicológico a docenas de niños y niñas, los representantesde las instituciones de derechos humanos reiteraron su condena deestos hechos.

Coincidieron en que es cierto que los operadores de procuraciónde justicia han tenido dificultades de acceso al lugar de loshechos por la falta de confianza expresada por la población en lasautoridades encargadas de la investigación.

Sin embargo, no obstante lo anterior, señalaron que lainvestigación debería poder identificar las fallas queocasionaron tal grado de violencia, las órdenes emitidas en estesentido y las personas presuntamente responsables.

“Como medidas de no repetición, las fallas detectadasdeberían ser reflejadas en una mejora de los protocolos de lasfuerzas de orden público, tanto estatales como federales”,puntualizaron en un comunicado conjunto.

Reafirmaron su disposición para asistir técnicamente al estadode Oaxaca y a la federación en el avance de la resolución de estecaso y reiteran su apoyo y solidaridad a las víctimas y susfamiliares.

Hicieron un recordatorio esencial del respeto del derecho a lavida e integridad física y planificarse e implementarse conestricto apego a los principios básicos sobre el uso de la fuerzay de armas de fuego, incluyendo los principios de necesidad yproporcionalidad.

Establecieron que cualquier uso de fuerza por parte de lasautoridades que cause heridos o muertos debe ser investigado demanera exhaustiva, diligente e imparcial para deslindar lasresponsabilidades administrativas y penales a que hubiera lugar,incluyendo la responsabilidad de los mandos superiores queparticiparon directamente en los hechos.

Asimismo, resaltaron que las causas estructurales que propiciansituaciones que pueden tornarse violentas deben ser abordadas deforma efectiva. Además de que las instituciones suscritasexhortaron a las autoridades federales y estatales a retomar losesfuerzos de diálogo con las víctimas hasta lograr el plenoacceso de éstas a la salud, a la reparación integral del daño ya la justicia.